Consultas sindicales de los Contratos Colectivos de Trabajo en la UACJ: entre el miedo, la simulación y conciencia
Durante estas semanas, distintos sindicatos académicos de la UACJ han comenzado, o están por comenzar, sus procesos de consulta para “legitimar” los contratos colectivos de trabajo. El panorama es desigual y poco claro. El SPAIIA, sindicato mayoritario, realizó su votación el viernes pasado, entre rumores de falta de quórum y dudas sobre la manera en que se desarrolló el proceso. El SPAICSA prepara la suya para el 23 de octubre, mientras que del AGREPEAC y del SPAICB se sabe muy poco.
Cada consulta se presenta como un acto de legalidad y participación democrática, pero en la práctica, pocas resisten un examen riguroso. El caso del SPAICSA, por ejemplo, es paradigmático: su convocatoria arrastra irregularidades desde el origen y parece responder más a la necesidad de cumplir con un requisito administrativo que a un esfuerzo real por escuchar a la base académica. En conjunto, estos ejercicios se parecen más a una coreografía burocrática que a un proceso genuino de legitimación.
En los pasillos universitarios, el ambiente se mueve entre la confusión y el miedo. Circula con insistencia la idea de que si no se vota a favor, se perderá el contrato colectivo y, con él, los derechos laborales. Esa frase, repetida hasta volverse creencia, ha resultado ser el argumento más eficaz de las dirigencias sindicales y, en algunos casos, de la propia autoridad universitaria. Pero la amenaza es falsa.
La Ley Federal del Trabajo establece que, mientras no exista un nuevo contrato colectivo aprobado conforme a derecho, el contrato anterior sigue vigente. Ningún trabajador pierde su salario, sus prestaciones ni su antigüedad porque la consulta se invalide, porque el sindicato convoque mal o porque la abstención gane. Los derechos laborales no se deciden en una urna; se sostienen por ley y por la voluntad colectiva de defenderlos.
Lo que sí puede entrar en crisis, que tal vez ya esté ocurriendo, es la legitimidad de los sindicatos. Un gremio que convoca mal, que excluye, que improvisa o que no logra reunir el respaldo de su base, muestra su distancia con la comunidad a la que dice representar. No pone en riesgo los derechos de los académicos, pero sí expone su propio agotamiento como estructura de representación.
A ello se suma una constante que atraviesa a todos los sindicatos universitarios: la opacidad. Aunque están obligados por ley a registrarse como sujetos obligados ante el ICHITAIP y a publicar información de oficio en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), ninguno lo ha hecho cabalmente.
Algunos aparentan cumplir con páginas nominales, pero no hay registro formal en el PNT que permita verificar ni cuestionar nada. El caso del SPAICSA es el más revelador: su portal existe, pero desafía abiertamente cualquier noción de rendición de cuentas. Los demás, con esfuerzos mínimos y desarticulados, operan bajo la misma lógica: hacer como que cumplen, mientras nadie pueda revisar.
En medio de este escenario, cada académico enfrentará su propia decisión. Algunos votarán a favor por convicción, lo cual es válido. Otros lo harán por miedo o por presión, aferrados a la idea de que aprobar es la única forma de conservar derechos. Votar a favor, sin embargo, también es legitimar la simulación: es concederle al procedimiento la apariencia de normalidad y participar en un acto cuyo desenlace parece escrito de antemano.
Otros votarán en contra, no necesariamente para rechazar el contenido del contrato, sino para expresar una inconformidad más profunda con la forma en que se manipula la participación. Ese voto es más que un gesto: es una declaración de conciencia, una manera de afirmar que la dignidad no se negocia y que la obediencia sin convicción no es respeto a la ley, sino renuncia a ella.
Habrá también quienes decidan no acudir, cansados de un ritual que conocen de memoria. La abstención puede ser una forma legítima de protesta, siempre que se asuma con voz y se explique como tal. Si la participación no alcanza el mínimo legal, la consulta se invalida y el contrato sigue vigente; pero para que ese silencio cuente, debe convertirse en palabra pública.
En el fondo, lo que se vota en estas consultas no es la existencia del contrato colectivo —que seguirá protegiendo los derechos laborales—, sino el tipo de sindicalismo que la UACJ está dispuesta a tolerar. Por lo anterior, cabe la pregunta ¿Queremos sindicatos que rindan cuentas, que publiquen su información y escuchen a su base, o preferimos estructuras que sobreviven por inercia, amparadas en la costumbre y el miedo? Esa pregunta, aunque incómoda, define más que cualquier resultado de votación.
Sea cual sea la decisión, lo importante es hacerlo sin miedo y con conocimiento. Porque, al final, lo que está en juego no es el contrato colectivo, sino la capacidad de mirarnos a nosotros mismos y reconocer cuándo la legalidad se ha convertido en teatro.