El último acto de un comité que prefirió mirar hacia arriba antes que honrar la voluntad de la base
El 12 de diciembre de 2025, se envió a los docentes afiliados al Sindicato del Personal Académico del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ el pliego petitorio construido desde el Comité de Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 2026, resultado de una semana intensa de trabajo colegiado, discusión real y acuerdos entre compañeros con posiciones distintas, pero unidos por una expectativa común: que esta vez el sindicato llevara a la mesa una agenda seria para mejorar las condiciones laborales de la base. Desde entonces pasaron casi tres meses de espera, atención y expectativa legítima entre quienes confiaron en que ese esfuerzo colectivo se traduciría en resultados, avances o, cuando menos, en una explicación clara y digna de lo ocurrido. Lo que terminó llegando fue otra cosa.
Ese es el punto de partida del agravio. La base pensó, debatió, redactó y construyó. Hizo una parte del trabajo político que muchas dirigencias nunca asumen. Del otro lado debió haber una conducción a la altura. Lo que hubo fue un Comité Ejecutivo incapaz de defender con fuerza ese esfuerzo, incapaz de explicarlo con claridad y demasiado dispuesto a dejar que se enfriara. En una asamblea convocada más por presión que por convicción, el Comité Ejecutivo presentó los “resultados” de la negociación con una cascada de malas noticias: un aumento salarial reducido al acuerdo nacional, la caída o debilitamiento de varios planteamientos relevantes del trabajo construido por la base, negativas en temas sensibles como padres dependientes, cerrazón en ingreso y promoción, y una redacción confusa en puntos especialmente delicados. Más que informar con claridad qué se defendió, qué se perdió y por qué, lo que se ofreció fue un resumen pobre de retrocesos, concesiones y ambigüedades.
El tema del aumento salarial lo muestra con nitidez. Sí, el 10% directo que pide la base es una exigencia alta. Pero la pregunta importante nunca fue si se iba a conseguir todo, sino cuánto estaba dispuesto a pelear el comité más allá de lo ya dado. El 4% es la referencia nacional. La base merecía una dirigencia capaz de exigir un esfuerzo institucional adicional, de colocar con firmeza el deterioro acumulado del poder adquisitivo y de no vender resignación con lenguaje de prudencia.
Ese deterioro tampoco se vive igual en toda la universidad. Mientras la base docente resiente cada vez más el desgaste del ingreso, hay funcionarios y cuadros de la alta dirección que, aunque conserven adscripción académica, viven en otra realidad material: mejores ingresos, compensaciones, bonos, acceso a recursos institucionales y una red de amortiguamiento que la mayoría no tiene. Son compañeros en el papel, pero no viven el sueldo docente como quien depende de él para sostener casa, familia, medicamentos, gasolina, hijos o padres. Desde esa parte más segura del barco, el 4% puede parecer razonable. Desde abajo, donde sí se siente el recorte cotidiano, el paisaje es otro.
Y ese paisaje se vuelve todavía más ofensivo cuando se mira el contexto general. Es del dominio público el gasto universitario en espectáculos suntuosos, en una nómina cada vez más cargada de funcionarios y mandos, y hasta en prioridades tan discutibles como canchas de pádel que poco tienen que ver con las necesidades urgentes de la comunidad universitaria. Mientras tanto, al docente común se le exigen más horas, más disponibilidad, más trámites, más adaptación y más sacrificios por cada vez menos. Ahí está la herida: la base más castigada y, arriba, una zona de comodidad administrada con excesiva calma.
El problema no se agotó en el salario. También se dejaron caer otros puntos con una pobreza de explicación sencillamente ofensiva. Ahí está el tema de los padres dependientes económicos. En una universidad donde los docentes no están cubiertos por ISSSTE, IMSS o Pensiones Civiles del Estado, sino por un esquema propio y limitado de “seguridad social”, excluir a los padres dependientes significa recortar la cobertura familiar real de muchos compañeros. Y cuando además existen antecedentes de académicos, varios hoy funcionarios, que sí accedieron a ese beneficio, la situación adquiere un rasgo todavía más grave: deja de ser solo una negativa y se vuelve un trato discriminatorio. El comité despachó ese punto con una ligereza inadmisible.
También quedó exhibida la forma de reportar asuntos especialmente incómodos. Cuando apareció el tema de las percepciones ligadas al cargo sindical, el comité recurrió a una fórmula absurda sobre que “se agrega no recibir compensación”, como si renombrar mal el problema alcanzara para volverlo menos real. Esa redacción no aclara: enturbia. No informa: desfigura. Y deja flotando una impresión muy delicada de minimización frente a un punto que la base venía señalando desde tiempo atrás.
En ingreso, evaluación y promoción, la respuesta fue igual de pobre. Afirmar que son “atribución de la universidad” deja intacto el problema central: esos procesos afectan de lleno la vida laboral, la carrera académica y las oportunidades de los docentes. Ahí tendría que existir participación, vigilancia y contrapeso sindical. Un comité que acepta con naturalidad el cierre patronal en esas materias termina renunciando a una parte sustantiva de su función.
Y luego vino la explicación final, o más bien su caricatura. A la base se le entregaron cuadros pobres, frases ambiguas y resúmenes sin cuidado semántico, sin detalle y sin respeto por la inteligencia de quienes habían empujado el trabajo. Una conducción así deja la impresión de querer administrar el desgaste, no de honrar la voluntad colectiva que ayudó a construir el rumbo.
En un momento tan delicado como este, el Comité Ejecutivo tenía la obligación de funcionar como órgano colegiado. No lo hizo. Frente a una universidad cerrada, con poca disposición a ceder y con una revisión contractual compleja, dejó recaer demasiado sobre la Secretaria General justo en la etapa de mayor presión, aun cuando era visible su deterioro físico. El resultado fue una conducción sobrecargada, un comité ausente y una negociación mal sostenida. La líder sindical quedó atrapada entre exigencias básicas y legítimas de la base, una patronal inflexible y un Comité Ejecutivo incapaz de asumir colegiadamente la responsabilidad del proceso. En un contexto así, la presión patronal deja de ser abstracta y se vuelve concreta. Basta con que la universidad haga sentir que ciertos desenlaces, ciertos reconocimientos o ciertas facilidades individuales de sus operadores dependen de mantener, por encima de todo, una conducción dócil y funcional a su voluntad. Y cuando esa presión se ejerce sobre una dirigente sindical poco respaldada por su propio comité, el resultado no es negociación: es condicionamiento forzado.
Cuando un comité deja todo el peso sobre su dirigente en el tramo más áspero de una revisión contractual, fracasa dos veces: frente a la base, porque no defiende con fuerza lo que esta construyó, y frente a su propia conducción, porque la expone, la desgasta y la deja sola donde debía haber respaldo, relevo y trabajo compartido. Esto deja una imagen muy clara: la base empujando lo elemental, la universidad cerrando filas y un Comité Ejecutivo incapaz de sostener, proteger y acompañar seriamente a su líder.
Por eso este episodio pesa tanto. El Comité Ejecutivo dejó caer el trabajo construido desde el Comité de Revisión del CCT, no sostuvo colegiadamente la negociación y cargó el tramo más duro sobre una conducción ya desgastada. Y aun así pretende cerrar dejando amarrada una continuidad. Si esa continuidad toma la forma de Thelma Artalejo, lo que se intenta heredar no es estabilidad, sino el mismo esquema de subordinación, opacidad y pobreza política que llevó al comité a este final.