Olga Rosa y la transparencia que incomoda: anatomía breve de un privilegio encubierto
La asamblea extraordinaria del Sindicato del Personal Académico del ICSA (SPAICSA) no fue convocada para aclarar nada: su propósito original era imponer, sin mayor discusión, la integración del Comité de Análisis del Contrato Colectivo 2026. Sin embargo, antes de abordar siquiera el punto principal, la dirigencia decidió modificar el orden del día para abrir la sesión con una serie de “aclaraciones” orientadas a desmentir y justificar las irregularidades que el bloque crítico había señalado en días previos. No se trataba de un ejercicio de transparencia, sino de un intento de control narrativo: antes de hablar del CCT, quisieron contener —o desactivar— la discusión que ya existía sobre diversas prácticas indebidas, entre ellas el tema salarial revelado por la Plataforma Nacional de Transparencia.
Desde ese momento quedó claro que la dirigencia no acudió con ánimo de diálogo ni con voluntad de resolver lo que está mal. Todo el comité llegó a la defensiva, preparado únicamente para justificar el ingreso de Olga Rosa Ortiz (actual dirigente sindical alineada al patrón) elaborar explicaciones que normalizaran una práctica irregular y blindar un esquema salarial que no puede sostenerse a la luz de la ley ni de la transparencia. No hubo de su parte una sola propuesta para corregir el problema, mejorar la situación o restituir la legalidad: todo el esfuerzo discursivo se orientó a defender aquello que ya estaba documentado como irregular. Fue, desde su arranque, una asamblea diseñada no para esclarecer, sino para contener.
Y aun así, para comprender lo que ocurrió en esa sesión, conviene observar cómo la dirigencia intentó convertir un dato público en un asunto prohibido. Allí comienza realmente la anatomía de lo sucedido. Ese intento de transformar un simple ejercicio de lectura en una falta imperdonable llevó a un segundo fenómeno todavía más revelador de la dinámica interna del SPAICSA: ante la simple lectura pública del salario de Olga Rosa —un dato oficial, disponible para cualquier ciudadano—, la dirigencia sindical se apresuró a presentar ese ejercicio como un acto imprudente, casi temerario, como si el mero hecho de leer un sueldo público implicara poner en riesgo a la secretaria general o exponerla en una ciudad insegura. Ese fue el marco que intentó imponer la dirigencia: no discutir el dato, sino cuestionar el derecho mismo a mencionarlo, desviando la atención del contenido hacia el supuesto peligro de su divulgación.
No lo era, por supuesto; todo salario financiado con recursos públicos es, por definición legal, un salario público. Sin embargo, el intento de intimidación buscaba algo más elemental: cerrar la discusión antes de abrirla. Cuando ese recurso emocional se agotó, apareció una segunda estrategia: sembrar la sospecha sobre la Plataforma Nacional de Transparencia. Según se dijo, la PNT “podría tener errores”, “no estar bien planteada”, o incluso exagerar los salarios. Para darle color a esa sospecha, un economista cercano a la dirigencia narró que al revisar sus propios datos la plataforma lo había convertido, sorpresivamente, en un “millonario sin saberlo”. La anécdota era pintoresca, sí, pero también funcional: si la PNT inflaba su sueldo, ¿por qué creer en el de Olga Rosa?
Para nuestra sorpresa —y quizá no para la suya—, al cotejar la información de varios académicos, todo encajaba con exactitud: primas, aguinaldos prorrateados, estímulos institucionales. No había errores, no había misterios, no había millonarios ocultos. Todo cuadraba. Todo, excepto un caso: el de Olga Rosa. Allí, la plataforma mostraba algo que no aparecía en ningún otro expediente salarial.
Para empezar, en el primer trimestre de 2024, antes de obtener su toma de nota, Olga Rosa percibía un salario absolutamente normal: $50,567.49 mensuales como Profesora Asociada C de Tiempo Completo. Esa cifra es el punto de partida inequívoco. Pero a partir del segundo trimestre de 2024, su remuneración se dispara de manera abrupta: $199,258.67 en abril-junio, $121,213.74 en julio-septiembre, $175,086.87 en octubre-diciembre, y en 2025 vuelve a moverse entre $121,213.74 y $181,019.50. Nunca regresa al rango docente.
Ese salto no puede explicarse por antigüedad —que en la UACJ se topa alrededor de los 35 años— ni por prestaciones, ni por errores de captura. Para verificarlo, contrastamos estos datos con los de dos docentes de tiempo completo con antigüedad equiparable o mayor y, de hecho, con trayectorias académicas y administrativas más robustas que las de Olga Rosa. Sus remuneraciones brutas rondan los $85,000 mensuales, exactamente el comportamiento esperado para una carrera universitaria larga. De ello se desprende una conclusión simple: la antigüedad no explica nada del fenómeno.
Después comparamos a Olga Rosa no con docentes, sino con quienes sí ganan salarios elevados en la estructura universitaria: los directores generales. El Director General de Servicios Administrativos percibe $194,396.08 brutos mensuales; el Director General de Comunicación Universitaria, $140,058.14. Es decir, el rango directivo real oscila entre 140 y 194 mil pesos mensuales. Y sin embargo, Olga Rosa aparece en ese rango —y en un trimestre lo rebasa— sin ser directora, sin nombramiento, sin procedimiento institucional que lo justifique.
¿Cómo llegó allí? La respuesta no está en la contabilidad, sino en la clasificación. A partir de su toma de nota, la Universidad deja de registrar a Olga Rosa como docente y comienza a capturarla como “Administrativa”, como “Directiva” o como integrante de “Comisiones sindicales docentes”. Ninguna de esas categorías corresponde a su plaza real, pero todas poseen un valor salarial superior. Al modificar la categoría, la UACJ modifica la base de cálculo sobre la que se aplican todas las prestaciones: antigüedad, primas vacacionales, aguinaldo. Basta elevar la categoría para que cualquier prestación se multiplique.
Esto explica por qué una profesora con sueldo docente normal pasa, en cuestión de semanas, a percibir salarios propios de mandos superiores.
A este reacomodo salarial se suma un elemento adicional: un pago extraordinario de entre 16 y 18 mil pesos quincenales registrado como “labor administrativa extraordinaria”. En asamblea, Olga Rosa afirmó que recibía únicamente 8 mil quincenales. La PNT muestra lo contrario. Ese pago no explica el salto completo, pero confirma la existencia de ingresos sindicales financiados por el patrón, ajenos al contrato colectivo y corrosivos para la autonomía sindical.
Para asegurarnos de que esto no era una coincidencia, revisamos el comportamiento salarial de otros liderazgos. Los sindicatos oficialistas reproducen el mismo patrón: al obtener su toma de nota, sus salarios se elevan muy por encima del rango docente, acompañados de cambios de categoría en la PNT. La dirigencia del sindicato independiente, en cambio, no presenta ninguna variación irregular: su salario es el salario docente. La selectividad del patrón no es solo evidente; es estructural.
Frente a esta evidencia, la insistencia de la dirigencia en “consultar con Transparencia” adquiere otra lectura. No se trata de verificar datos —los datos ya son oficiales— sino de posponer el reconocimiento de lo que esos datos revelan. Consultar lo que ya está publicado equivale a pedir un dictamen para saber si la lluvia moja. El verdadero problema no es la transparencia, sino la resistencia a aceptarla.
Lo que muestran los números —todos oficiales, todos capturados por la UACJ— es que la administración universitaria reconfiguró la categoría salarial de Olga Rosa, otorgándole de facto un salario directivo sin nombramiento alguno. Después, cuando esa información salió a la luz, la dirigencia pasó por las fases clásicas del encubrimiento institucional: minimizar (“es imprudente hablar de su sueldo”), distraer (“la PNT está mal”), dilatar (“hay que consultar”), negar (“esa información no refleja la realidad”). Y cuando se recurre a todas esas fases, ya no se está protegiendo un argumento: se está protegiendo un privilegio.
El resultado es contundente. El salario que la Universidad reporta para Olga Rosa no corresponde a su función docente, no corresponde a una función directiva formal y no corresponde a ninguna práctica legítima de representación sindical. Corresponde a un privilegio otorgado selectivamente, incompatible con la autonomía sindical y contrario al espíritu —y la letra— de la transparencia pública. Que se haya intentado ocultarlo, maquillarlo o negarlo no mitiga su gravedad: la confirma.
Y si algo ha dejado claro este episodio es que la transparencia, lejos de ser peligrosa, es simplemente incómoda para quienes preferirían no ser vistos. En una universidad pública, esa incomodidad no es un defecto: es la condición mínima de una vida institucional honesta.